En el año 2000, los pueblos de la zona se despoblaban: uno de ellos tenía apenas 580 habitantes. El titular del municipio pensó en traer inmigrantes: prometió pagar el pasaje y facilitar trabajo y vivienda a las familias que estuvieran dispuestas a integrarse e ir a vivir con ellos. Necesitaban veinticuatro familias y se postularon más de cinco mil.
Como se ofrecía radicación también en otros ayuntamientos de la zona, llegaron cuarenta y dos familias a once municipios. Los problemas de adaptación provocaron el retiro de once de las familias pioneras, pero el resto siguió y progresó.
Hoy uno de los pueblos alberga a setecientos veinte habitantes. Los chicos han salvado la escuela que antes de su llegada estaba por cerrar y pueblan las calles antes transitadas sólo por mayores de sesenta años.
Ya casi no quedan viviendas disponibles y el municipio está cada vez más preocupado por la cantidad de gente que quiere ir a vivir. Muchos trajeron parientes, más tarde siguieron inmigrantes de otras nacionalidades y desde 2002 ya no disponen de dinero para los pasajes y sólo tratan de ayudar con trabajo y vivienda.
Ahora en la zona hay un total de treinta y cinco familias y el titular del municipio cuenta que si alguna quiere irse a vivir a otro lado, vienen por su cuenta otras dispuestas a reemplazarlas: parientes o amigos de los pioneros.
Lo primero que hacen al instalarse es comprar un automóvil, necesario en esa región agreste en la que hay que moverse hacia los distintos núcleos urbanos. Hay facilidades de crédito, lo mismo que en la vivienda, con intereses asombrosamente bajos.
Uno de los pueblos tiene ahora una buena infraestructura de servicios municipales, con servicios médicos, guardería a cargo de una inmigrante, pabellón deportivo y una pileta de natación. Tanto allí como en el otro más cercano, se han inaugurado complejos de viviendas financiados por el Estado, para familias de inmigrantes o para jóvenes.
En el segundo pueblo, a veinte kilómetros del primero, dos parejas -los Destefanis y los Consoli- tienen viviendas nuevas, en un flamante monoblock financiado por el Estado. A Alberto Destefanis, 38 años, casado, dos hijos, se le ocurrió poner una empresa de mensajería.y lo ayudaron para comprar una pequeña furgoneta. Todo anduvo bien, así que adquirió otra. Ahora compró una más grande.
Ese pueblo tenía 240 habitantes y ahora suma 285, entre ellos veinticuatro inmigrantes que han realizado sus pequeños sueños de tener una casa, un automóvil, vivir sin problemas de inseguridad y trabajar razonablemente bien, según opina Destefanis.
En ambos pueblos creció la actividad económica que antes languidecía. La gente arregla sus casas, las alquila y muchos se compran viviendas nuevas. Los inmigrantes más integrados se están haciendo sus casas o se han presentado a las construcciones de promoción oficial y un inmigrante, Marcelo Martínez, el primero en llegar, ahora es concejal.
Muchos han iniciado sus propios negocios, como una fábrica de cables que es la principal industria del pueblo, una cooperativa de cableado para automotores en la que también participan españoles y uruguayos, restaurantes, y empresas de mensajería y transporte. “La gente ha retomado la confianza en su región e invierte en esta zona”, dice el intendente.
¿Usted piensa que se trata de pueblos de la Patagonia y que la iniciativa partió de alguno de sus intendentes, apoyado por el Estado nacional?. No, por supuesto. Se trata del pueblo de Aguaviva, en el bajo de Aragón y del pueblo de Foz de Calanda, a veinte kilómetros de allí, en España. Las familias inmigrantes son argentinas y el alcalde de Aguaviva es Luis Bricio. Los argentinos hicieron allá lo que nunca nadie pensó que podrían hacer en la Patagonia.