| DOCUMENTO
SOBRE PERSONAS FALLECIDAS Y CON SECUELAS A CONSECUENCIA
DE LA INUNDACION
En vísperas de cumplirse los dos años
de la trágica inundación evitable del
29 de abril de 2003, los Organismos de Derechos Humanos
junto a Acción Educativa y CANOA, instituciones
que venimos trabajando desde la Casa de DDHH sobre
las consecuencias provocadas por la catástrofe
hídrica, damos a conocer públicamente
el presente Informe.
Desde un primer momento centramos nuestra atención
sobre la pérdida de vidas humanas cuyo valor
esta por encima de cualquier otro. Advertimos entonces,
tanto a la Secretaría de Estado de Derechos
Humanos como al Ente para la Reconstrucción
y —respecto a los casos de personas con secuelas
también se presentó ante la Secretaría
de Estado de Promoción Comunitaria y el Ministerio
de Salud— la gravedad de la situación
y la necesidad de urgentes políticas de salud
que atendieran a todas las personas que fueron afectadas
por la inundación. A pesar de las presentaciones
hechas nunca obtuvimos respuesta y las políticas
implementadas por el gobierno siguen, a dos años
de los hechos, orientadas a evadir las responsabilidades
más que a atender los problemas de la población
afectada.
Las denuncias sobre personas fallecidas fueron elevadas
en primer lugar a la Justicia provincial, que nada
ha investigado al respecto hasta el momento. También
se presentaron al Gobierno Nacional e internacionalmente
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El silencio del gobierno del Presidente Kirchner,
ante lo que fue caracterizado, como una de las catástrofes
de mayor magnitud en nuestro País, es coherente
con la política tanto del gobierno de Reutemann,
como del actual gobierno de Obeid hechos que develan
las alianzas que ponen por encima los mezquinos intereses
partidarios, por sobre el valor de la vida y el sufrimiento
de las personas, a quienes los gobernantes deben servir
y atender. Si más de 130 muertes no merecen
la atención de las autoridades, es porque lisa
y llanamente han tejido una red de complicidades tendiente
a eludir la responsabilidad que les cabe y, por lo
que a más de uno, le correspondería
la cárcel.
La amplia repercusión que tuvieron los informes
precedentes tanto en los familiares de las víctimas
como en los medios de comunicación provinciales
y nacionales contrasta con la actitud de las autoridades
gubernamentales.
El gobierno a 16 meses de la inundación hizo
público que el Ente para la Reconstrucción
de manera conjunta con la Secretaría de Estado
de Derechos Humanos y la Secretaría de Estado
de Promoción Comunitaria (diario El Litoral
del martes, 17 /08/2004.) atenderían los casos
de personas fallecidas a posteriori de la catástrofe
hídrica, anunciando la creación de una
Junta Médica que definiría los criterios
para considerar las causales de muerte. A tal efecto,
han hecho peregrinar nuevamente a las personas buscando
todo tipo de documentación y certificaciones
que desde el Ente les sería mil veces más
fácil conseguir con una simple nota, para terminar
respondiendo en estos últimos días que
no tomarían estos reclamos. Indicando que deben
seguir la vía administrativa, cuando se está
al límite de los plazos legales.
Una vez más alentaron falsas expectativas en
los familiares, exigiendo más y más
pruebas, dilatando en el tiempo la toma de decisiones
y trasladando finalmente la responsabilidad a otra
esfera.
La perversidad de este manejo queda al descubierto
con la forma en que han procedido con los familiares
de las 23 personas reconocidas oficialmente como muertas
por la inundación. Esto se ve claramente en
la aplicación de la Ley Nº 12.183 que
violó los derechos de un tercio de la población
santafesina en general, y de los que tenían
familiares fallecidos en particular, se traduce en
situaciones de franca arbitrariedad e injusticia.
Estamos seguros que de haberse aplicado políticas
que resolvieran las situaciones de riesgo de vida,
en que se encontraban los afectados, en todos los
aspectos, pero principalmente en salud, con una atención
especial para toda la población alcanzada por
los efectos de la inundación, que tuviera en
cuenta la urgencia de este sector y su alto grado
de vulnerabilidad por todo lo vivido, se hubieran
evitado la mayoría de las muertes.
Tampoco la Justicia ha hecho nada hasta el momento
para averiguar qué pasó con cada una
de las personas fallecidas, tanto durante como después
de la catástrofe evitable.
INFORME SOBRE PERSONAS FALLECIDAS
En cuanto al trabajo que venimos realizando sobre
las denuncias de personas fallecidas como consecuencia
de la catástrofe hídrica presentamos
hoy 20 casos nuevos cuya nómina se adjunta.
En esta oportunidad creemos conveniente más
que expresar conclusiones sobre estos nuevos casos
(que se mantienen dentro de las tendencias ya marcadas
anteriormente), hacerlo, a dos años de los
hechos, sobre la totalidad de las denuncias recibidas.
En primer lugar queremos expresar que somos concientes
de que las denuncias recibidas en la Casa de DDHH
representan sólo una parcialidad sobre universo
real de las muertes ocurridas por la inundación,
pero son una muestra que refleja las tendencias, las
patologías y las circunstancias de la totalidad.
Confirmamos en esta evaluación que la mayoría
de las muertes se produjeron en los cuatro meses inmediatos
al 29 de abril de 2003. Si bien la tendencia posterior
es descendente, las personas fallecidas en este lapso
de tiempo corresponden a quienes sufrieron secuelas
psíquicas y/o físicas por los sucesos
vividos. En esto es evidente cómo continúa
operando la falta de políticas que atiendan
a esta población como oportunamente lo denunciamos
y exigimos a las autoridades.
Analizando los datos respecto de la franja etaria
podemos decir que como prevé la bibliografía
existente sobre este tipo de hechos, uno de los sectores
más vulnerables corresponde a las personas
de mayor edad, en este caso podemos decir que el 46%
de los fallecidos eran personas mayores de 70 años,
que no tenían antecedentes de problemas de
salud, o, si los tenían, gozaban en general
de buena calidad de vida.
De este dato se infiere el estado de vulnerabilidad
en que quedaron los ancianos. La conjunción
de las pérdidas y daños sufridos por
la inundación impactan produciendo la muerte
y contrastan claramente con la ausencia de políticas
de cuidado.
Casi el 48 % de los casos corresponden a personas
cuya edad estaba comprendida entre los 40 y 70 años,
que es la franja etaria que estadísticamente
está dentro de las expectativas de vida actuales
de la población.
Al ser mayor la proporción de fallecimientos
en este grupo etario (comparativamente con el anterior),
el dato muestra una clara evidencia de la incidencia
de lo acontecido como causal de las muertes.
Desde el punto de vista geográfico podemos
decir que el 40%, aproximadamente, de los fallecimientos
se han producido en los barrios donde el Intendente
Álvarez, esa misma mañana había
anunciado que no se iban a inundar. Justamente, esos
fueron los lugares donde el agua ingresó con
mayor velocidad y fuerza, y donde perecieron casi
la totalidad de las personas ahogadas.
Los fallecimientos en los días y meses posteriores,
se pueden explicar entre otras variables, por el efecto
del estado de desamparo y engaño de quienes
tenían la responsabilidad de velar por la vida
y la seguridad de las personas. No es menor destacar
el impacto que produce en el estado general de la
salud, el encontrarse de la noche a la mañana,
habiendo perdido todo lo construido a lo largo de
una vida y con enormes sacrificios, agravado por la
mentira oficial que impidió poner a salvo sus
vidas y sus bienes.
Si bien se inundó un tercio de la Ciudad, las
personas fallecidas se encuentran mayoritariamente
en los barrios más humildes. Este dato guarda
directa relación con la limitación de
recursos de estos sectores, para afrontar situaciones
críticas y una vez más pone al descubierto
la falta de políticas públicas adecuadas
para su atención en tiempo y forma.
Se confirma la tendencia de los informes anteriores,
los datos generales indican el predominio de cuadros
depresivos que dan lugar a la aparición de
diversas patologías, tales como: cardiopatías,
hipertensión con accidentes cerebro vasculares
(A.C.V.), en personas sin antecedentes de problemas
de salud. Mientras que en aquellos casos que padecían
enfermedades previas, estas se agravaron desencadenando
el fallecimiento, como por ejemplo: descompensación
de cuadros diabéticos y afecciones respiratorias
entre otras. Es de destacar como elemento nuevo en
este informe, la existencia de varios casos donde
los profesionales tratantes, documentan por escrito,
la relación de causalidad directa entre la
inundación y el fallecimiento de las personas.
Damos a conocer también la triste confirmación
del fallecimiento de personas que oportunamente hicieron
su denuncia por secuelas.
INFORME SOBRE PERSONAS CON SECUELAS
A dos años de la catástrofe y, a seis
meses del primer informe, continúan llegando
a esta Casa personas que han quedado con secuelas
físicas, psíquicas y sociales en busca
de respuestas que no encuentran en otros lugares.
Estos reclamos dan cuenta de la ausencia de una política
de intervención adecuada desde el Estado, que
al menos atienda las consecuencias que la catástrofe
dejó, catástrofe producida por la inoperancia,
irresponsabilidad e incumplimiento de los deberes
de funcionarios públicos de este mismo Estado.
A esta altura, nos atrevemos a confirmar que la dimensión
de las secuelas provocadas por una catástrofe,
será también el resultado de cómo
se implemente su tratamiento.
Hay que considerar que las personas afectadas por
la catástrofe evitable de la inundación
sufren el impacto de 5 daños
a. El daño por haberse inundado, por lo padecido
en el momento de las inundaciones.
b. El daño que produce saber que no debería
haber pasado y que nada se hizo para evitarlo.
c. El daño que produce la impunidad, al saber
que los responsables no sólo no han recibido
castigo sino que se han reciclado en cargos con inmunidad.
d. El daño de saberse vulnerable, que nuevamente
otras cosas terribles les pueden pasar.
e. El daño producido por la permanente manipulación
de las imperiosas necesidades de las víctimas.
Se generan expectativas de pagos o reintegros que
después no se concretan o sólo son limosnas.
Es por esto que nos vemos obligados a sostener los
mismos objetivos planteados en el primer informe:
1. Dar a conocer, denunciar y reclamar estos casos
para que se arbitren las medidas que permitan solucionarlos
desde los organismos responsables del gobierno.
2. Informar a la sociedad en general, como una forma
de romper el silencio que el gobierno intenta imponer
sobre la memoria individual y colectiva.
3. Cabe agregar a estos objetivos que es necesario
develar lo que intenta tapar la desmesurada propaganda
gubernamental.
Esto demuestra que poco se ha hecho para solucionar
las consecuencias de la catástrofe. Basta con
marcar, además, que:
- El Equipo de trabajo sobre Personas con Secuelas
de la Casa de Derechos Humanos presentó el
Primer Informe, en forma inmediata a su difusión
pública, en los organismos gubernamentales
pertinentes, a los efectos de su consideración.
Ante la solicitud de conocimiento, (febrero de 2005)
en relación a qué acciones concretas
se habían llevado a cabo respecto a los casos
informados en el primer informe de personas con secuelas,
presentado en el Ente para la Reconstrucción,
la Secretaría de Estado de Derechos Humanos,
la Secretaría de Estado de Promoción
Comunitaria y el Ministerio de Salud, las respuestas
obtenidas expresaron el escaso interés en abordar
la problemática planteada. Como ejemplo, en
el Ente, el informe tardó 2 meses en trasladarse
de mesa de entradas a la oficina jurídica a
5 metros de distancia en el mismo edificio.
Cabe señalar una excepción, que fue
el caso del personal de la Dirección de Salud
Mental perteneciente al Ministerio de Salud, quienes
leyeron el informe y nos escucharon en una entrevista
en la que planteamos las urgencias a resolver en los
innumerables casos de secuelas que atendimos.
Por otra parte, consideramos que 20 psicólogos
es un número muy escaso para atender a la población
damnificada, dada la cantidad de personas afectadas
existentes; y también nos preguntamos qué
pasó con la atención a las personas
con secuelas físicas.
Hay personas que se informaron con secuelas, que
han fallecido desde la presentación del primer
informe hasta hoy. Consideramos que esto casos responden
a personas en riesgo que no fueron atendidas debidamente
lo que agravó su situación de vulnerabilidad.
Recordamos que ya en el primer informe señalamos
la relación directamente proporcional que tiene
la situación de vulnerabilidad social de las
personas previo, durante y después de una catástrofe
y las consecuencias de la misma.
Este informe sólo da cuenta de 31 casos de
personas con secuelas, aunque en realidad se han recibido
más de 60 casos que no son anexados por carecer
de la documentación requerida a los efectos
de garantizar rigurosidad en la información
que respalda la situación de “persona
con secuela”.
De quienes no han podido completar la presentación,
un grupo encontró muchas dificultades para
conseguir la Historia Clínica en los distintos
centros de salud (en su mayoría de dependencia
estatal); mientras que en otros casos las personas
tienen dificultad para movilizarse y hacer la denuncia
correspondiente. Algunas de ellas aún no quieren
o no pueden salir de sus casas y otras sienten que
no sirve de nada seguir peleando por sus derechos.
De 31 casos recepcionados, 11 padecen secuelas psíquicas,
9 secuelas físicas y 11 secuelas psicofísicas.
Conclusiones:
? Los datos presentados en este informe siguen dando
cuenta de que a medida que pasa el tiempo, se profundiza
la huella que ha dejado en todas las personas afectadas
directa o indirectamente la inundación del
2003.
? La irresponsabilidad e incumplimiento de los deberes
de funcionario público al no generar las condiciones
para la atención integral de las personas afectadas,
ni atender las denuncias concretas sigue exponiendo
a la población a un enorme peligro, que para
muchas personas significó y significa la muerte
prematura.
? Las condiciones de vulnerabilidad de la población
afectada se agudizan. Muestra de ello es la manifestación
de deterioro progresivo de las condiciones de habitabilidad
(vivienda y medio ambiente) en algunos sectores de
la ciudad, y de las condiciones de salud de las personas.
? Nuevamente volvemos a denunciar las políticas
implementadas por el gobierno, dirigidas a mantenerse
en el nicho de impunidad que es el poder y no a arbitrar
soluciones reales, integradas, concretas, efectivas
para las problemáticas de las personas (de
salud, habitacionales, laborales, económicas)
de manera que estas puedan reconstruir sus condiciones
de vida en condiciones al menos similares al 2003.
Santa Fe, 28 de abril de 2005
Madres de Plaza de Mayo de Santa Fe
Familiares de Detenidos y Desaparecidos por razones
políticas
Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos
(M.E.D.H.)
Acción Educativa
CANOA
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