Mientras se trata de sacar lo más rápido posible la nueva ley de radiodifusión, que ya tiene media sanción de diputados, donde se violaron los reglamentos legislativos, entre otros pequeños detalles. Mientras "inesperados" aliados le hacen un favor al oficialismo, pero un daño a la confianza depositada por gran parte del electorado, que creyó que en ellos estaba otra forma de hacer las cosas y nos prometían "nuevos aires" en la "viciada" dirigencia política, que prefiere lograr objetivos sin reparar en el cómo. Son los mismos aliados que votaron a favor de la estatización de los Fondos de Jubilaciones y Pensiones y que no repararon, como esta ocurriendo ahora, en quienes y cómo se administran esos fondos. Basta con observar como se "despilfarran" los dineros de los jubilados y de los activos para tapar el déficit que tiene el gobierno nacional. Hasta el Pami esta siendo "esquilmado" como si fuese una obra social con servicios de excelencia para nuestros mayores. Mientras el Indec Kirchnerista nos insulta, nos agrede y subestima, diciendo que bajó la pobreza y también la indigencia, sin dudas la peor estafa de este gobierno, aparece una descripción oportuna de esta mentira sistemática. Me refiero a un trabajo presentado en el cierre del IV Coloquio Regional, II Local Universidad - Organizaciones de la Sociedad Civil y I Foro de Economía Social que se desarrolló en el ámbito de la UNL la semana pasada, que describe con números oficiales, que es la gran deuda interna de la democracia argentina, mucho más que la ley de medios. Ese estudio, realizado por profesionales de varias universidades nacionales habla justamente de la exclusión social y de la tremenda inequidad en la distribución del ingreso que existe en la Argentina. De esto se escribe poco, el diario El Litoral es una excepción, se dice poco, esta radio es otra excepción y no se dice nada en los medios oficiales del gobierno nacional.

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Lo bueno de este estudio, lo distintivo, es que hace una radiografía exacta de este flagelo, como muchos otros estudios, pero propone soluciones posibles, soluciones que se pueden instrumentar ahora, optimizando los recursos que se destinan a lo social y que sin dudas no llegan a quienes lo necesitan por ineficiencia y por corrupción.

Entre los datos relevantes comprendidos en el documento, se inscribe la descripción de un escenario económico que muestra "la creciente desigualdad en la distribución del ingreso. El 20 % de la población con ingresos superiores pasó de obtener el 39,4 % del ingreso nacional a mediados de la década del ‘70, a apropiarse del 51,4 % a comienzos de este nuevo siglo. El 30 % de la población con ingresos inferiores pasó de tener participación en el 12,2 % de la torta al 7,9 % en el mismo período".

El titular de la UNL, Albord Cantard al presentar el estudio precisó: "si tomamos como referencia el presupuesto nacional de 2008, el gasto social del gobierno nacional estuvo en 97.000 millones de pesos. El gasto social discrecional del gobierno rondó los 10.000 millones de pesos. La estimación calculada para la propuesta de ingreso social, que impulsan varias fuerzas políticas y que el gobierno después de perder las elecciones del 28 de junio dijo que iba a discutir con la oposición y hasta ahora no es su prioridad, toma como referencia los ancianos sin cobertura provisional, las asignaciones familiares universales, jefes de hogar desocupados y jóvenes desempleados. Para todos estos sectores habría que desembolsar un monto estimativo de 14.000 millones. Con un PBI de 1.100 billones de pesos, significa que la propuesta de ingreso social-reitero para que todos estos sectores estén cubiertos- equivale al 1,27 % de dicho PBI". Insisto 1,27 % del PBI. ¿Que es el Producto Bruto Interno?. Muestra la cantidad de dinero que el pais gana "por habitante" y se obtiene de dividir el crecimiento economico del pais por la cantidad de habitante.

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La propuesta de la Universidades nacionales en este tema apunta a "modificar diferentes planes sociales de la política nacional -como los planes Trabajar o Familia- en una asignación universal directa a todas aquellas familias que se encuentran por debajo de la línea de pobreza, que contengan en su núcleo familiar a niños, ancianos, personas con discapacidad y jóvenes y jefes de hogar de-sempleados".

También propone "generar un ingreso básico aceptable para las 500.000 personas mayores que hoy no tienen jubilación o pensión, y los casi 6 millones de niños cuyos padres no perciben asignaciones familiares, lo que insumiría alrededor de 10.000 millones de pesos".

Por otro lado, "los jefes de hogar desocupados con niños a cargo son alrededor de 200.000. Un programa para ellos con labores de contraprestación oscila los 1.400 millones de pesos".

Con relación a la franja joven de la población, hay unos 400.000 jóvenes de 19 a 25 años desocupados y sin estudios medios completos. Un ingreso con contraprestación educativa implicaría unos 1.900 millones de pesos.

Tras exponer tales datos, Cantard señaló que "la solución propuesta es perfectamente factible. Lo que hace falta es la voluntad política y social de poner en marcha cuanto antes esas acciones".